Sxx.net – VIDA- Presidencia Colombia. Por que Sí. Lina Escobar nueva magistrada de la Corte Constitucional
Argumentos jurídicos para decretar Consulta Popular y Constituyente: Montealegre
Ante el accidentado e inconcluso paso de la Consulta Popular por el Senado de la República, el presidente puede decretarla. Esto asegura el expresidente de la Corte Constitucional.
El hoy Ministro de justicia del Gobierno de Colombia, Eduardo Montealegre, exfiscal General de la Nación y expresidente de la Corte Constitucional, aseguró que la opción de que el presidente Gustavo Petro decreté la convocatoria a la Consulta Popular está respaldada por máximos argumentos jurídicos y puede realizarse sin ninguna limitación. Así lo indicó en una entrevista concedida al programa de televisión Informativo Así Avanza el Cambio, de Presidencia de la República.
¿El presidente puede decretar la Consulta Popular?
No me cabe la menor duda, porque el ordenamiento jurídico colombiano establece que si el Senado de la República no se pronuncia acerca de la Consulta, el presidente puede convocarla por decreto.
¿Por qué se afirma que no existió un pronunciamiento por parte del Senado de la República?
Si bien formalmente existió un acto de votación en el Congreso, donde con unas precarias mayorías el voto fue desfavorable, lo cierto es que ese acto es contrario a la Constitución porque el Senado incurrió en vicios de trámite que violan principios, garantías y derechos consagrados en la Carta Política. En esos casos, cuando hay una incompatibilidad entre un acto de menor jerarquía, como este del Senado y las disposiciones de la Constitución, el presidente de la República tiene la obligación de darle prevalencia a la Constitución, que es una norma de normas sobre todos los demás actos del ordenamiento jurídico.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró abruptamente la votación. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Tiene que existir un tiempo razonable para que todos los senadores que están en el recinto o en el entorno del Parlamento puedan acceder a esa votación. Y el senador Cepeda, a sabiendas de que existían unos parlamentarios que en ese momento estaban por fuera del recinto y que anunciaron que ya ingresaban a votar, cerró la votación. Existía una expectativa real e inminente de senadores que iban a votar en cualquier sentido, lo claro es que eso implica una inconstitucionalidad porque no se aplicó un criterio de razonabilidad que rige las actuaciones de los servidores públicos. Hay un segundo argumento de inconstitucionalidad y es que, precisamente, en el momento en que se estaba cerrando la votación, la senadora María José Pizarro impugnó porque consideró que existían vicios sustanciales. Cuando se impugna, el procedimiento es que la plenaria del Senado tiene que determinar si reabre la votación para subsanar vicios. No se dio ese trámite e implica una violación al debido proceso. Y el otro vicio de trámite es sobre un senador de la oposición que votó sí por la Consulta y cuando estaba cerrada cambió el voto y esto lo aceptó el secretario del Senado. Es cierto que el reglamento del Congreso dice que se pueden corregir los vicios de un trámite legislativo, pero en este caso la corrección no le correspondía al secretario del Senado, sino a la plenaria y tampoco se llevó a cabo.
¿Quién hace el control a la Consulta cuando se decrete?
La Consulta Popular implica un proceso constitucional que inicia en el momento en que el presidente envía las preguntas al Congreso para obtener concepto favorable o desfavorable y termina el día de la votación. Según la Constitución, el proceso en su integridad, lo controla la Corte Constitucional y después de producida la Consulta. Es un control posterior, porque no hay previo al decreto que convoca y eso implicaría que se haría después.
¿Qué pasa entonces con el Consejo de Estado?
A primera vista uno pensaría que aquí hay un decreto del presidente, que es un acto administrativo y el juez natural del presidente es el Consejo de Estado, que por regla general controla sus actos. Pero en este caso no es el Consejo de Estado, porque a pesar de que es un acto administrativo, lo claro es que en este caso forma parte de un proceso constitucional y por lo tanto la competencia es de la Corte Constitucional.
¿En esto se tiene miedo a la democracia participativa?
Son voces apocalípticas. Que hay una ruptura constitucional, que esto es un golpe de Estado. Me parece que son expresiones desafortunadas porque el decreto del presidente está sólidamente justificado con argumentación, es invocando precisamente salidas institucionales, la Corte Constitucional ha dicho que cuando hay una discrepancia fundamental entre el Congreso y el presidente de la República, quien debe resolverlo es el pueblo. No entiendo por qué les tienen miedo a las mayorías, a la gente. Creo que el miedo es porque van a perder los de la oposición, que van a encontrar una votación de millones de colombianos que apoyan la política de equidad social y de salto social que tiene el gobierno y de protección a los trabajadores de Colombia.
¿Cuáles son las normas que amparan el decreto del presidente Gustavo Petro conforme a la Consulta Popular?
El artículo cuarto de la Constitución establece que la misma Constitución es norma de normas, que cuando hay incompatibilidad entre una norma de menor rango, en este caso la votación del Congreso, que es un acto administrativo y que resulta contrario a la Constitución, en este caso porque hubo vicios de trámite, el presidente tiene que hacer prevalecer esa Constitución.
¿Vamos hacia una Asamblea Nacional Constituyente?
Colombia necesita una Asamblea Constituyente para un nuevo, un gran rediseño institucional. Creo que le corresponderá al próximo gobierno, que espero que sea democrático y progresista, que mantenga la línea del presidente Petro.
‘En el Senado se están definiendo intereses’: presidente Petro
Foto: Archivo, Ovidio González – Presidencia
El presidente Gustavo Petro Urrego defiende la Consulta Popular como el mecanismo para la construcción de un pacto social que dignifique la vida de los trabajadores de Colombia.
El presidente Gustavo Petro mencionó en su cuenta de X el debate que se registra estos días en el Congreso alrededor de la Reforma Laboral y destacó la importancia de hacer un pacto social sobre temas de interés para el pueblo y el empresariado, como el crecimiento de la productividad, el conocimiento, la tierra fértil y la producción de alimentos.
“En las plenarias del Senado se están definiendo posiciones alrededor de intereses: El interés del empleador y los intereses de la gente que trabaja; es una muy buena discusión y debate. Es el debate de la historia contemporánea», escribió el mandatario este viernes 13 e junio de 2025.
El jefe de Estado recordó cómo después de las dos guerras mundiales del siglo XX, en las que cayeron trabajadores y campesinos, “surgió lo que llamaron el pacto socialdemócrata o New Deal, que consistió en repartir las utilidades que generaba el crecimiento de la productividad entre patrones y asalariados».
“El patrón entendió, después de todas las guerras del mundo, que si el trabajador ganaba más, él también ganaba más», agregó.
En este contexto, el mandatario preguntó: “¿por qué en Colombia no hay un pacto social así?; ¿por qué no dejamos que la tierra fértil produzca alimentos?; ¿por qué nos mantenemos en un atrasado siglo XIX, donde el patrón ganaba por extenderle la jornada al trabajador?»
Y a renglón seguido se respondió: “Así no es hoy, en el siglo XXI. En este siglo se gana es por el crecimiento de la productividad alrededor de la inteligencia artificial y de las energías limpias. Colombia debe ponerse en ese nivel: el conocimiento es productividad y la productividad es riqueza».
La Consulta Popular y el pacto social
En otro aparte de su reflexión el jefe de Estado trajo a colación la Consulta Popular como el instrumento ideal para que se construya un pacto social.
“En la Consulta Popular he invitado al pueblo a hacer un pacto social. Si vivimos en uno de los países más bellos del mundo, entonces que nuestra vida sea buena y digna», recalcó.
Por eso, el mandatario se volvió a preguntar: “¿Queremos ser ricos?» Y se volvió a responder: “pues produzcamos».
Al respecto, consideró que la productividad no se logra extendiendo la jornada laboral en el tiempo ni sobreexplotando al trabajador, sino mediante una vida digna.
Para lograrlo, hizo énfasis en el contenido del proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno puso a consideración del Congreso: “No pido sino que el día termine a las 6:00 de la tarde, que las familias puedan reunirse sábados, domingos y festivos a descansar o que se les pague más si trabajan en esos días».
Por último, el jefe de Estado instó al Senado de la República a aprobar una Reforma Laboral que dignifique la vida de los trabajadores colombianos.
“Que la gente que labora tenga un contrato laboral y no una mentira de esclavistas. Estamos en el siglo XXI. Seamos modernos. El Senado aún tiene la palabra, que no sea el senado romano de esclavistas, sino el Senado de la República de la gente que trabaja», concluyó.
Presidente Petro acompañó la posesión de Lina Escobar como nueva magistrada de la Corte Constitucional
Escobar Martínez suple la plaza que dejó la exmagistrada Diana Fajardo Rivera.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, acompañó este jueves 12 de junio de 2025, el acto de posesión de Lina Marcela Escobar Martínez como nueva magistrada de la Corte Constitucional.
La ceremonia se realizó en la Sala Plena de la Corporación y el juramento fue tomado por el presidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Durante la posesión de la magistrada, el jefe de Estado se reencontró con el expresidente César Gaviria, así como con el procurador Gregorio Eljach y el registrador nacional, Hernán Penagos.
La doctora Escobar Martínez es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Derecho Público del Externado y doctora en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (España), donde recibió el Premio Extraordinario a la mejor tesis doctoral. Ha ejercido funciones clave en el Congreso, en varios ministerios y en la Rama Judicial como magistrada auxiliar y conjuez del Consejo de Estado.
Asimismo, ha sido rectora y directora académica en múltiples universidades del país, y consultora para organismos internacionales como la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), en el proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho a nivel Latinoamericano; la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en el proceso de la Constituyente Boliviana y en USAID, en el proyecto para Colombia, cuyo objetivo fue mejorar la gobernabilidad regional (RGA). Sus aportes al derecho público están respaldados por cinco libros, decenas de artículos y conferencias en América Latina y Europa.
cadémica en múltiples universidades del país, y consultora para organismos internacionales como la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), en el proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho a nivel Latinoamericano; la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en el proceso de la Constituyente Boliviana y en USAID, en el proyecto para Colombia, cuyo objetivo fue mejorar la gobernabilidad regional (RGA). Sus aportes al derecho público están respaldados por cinco libros, decenas de artículos y conferencias en América Latina y Europa.
‘El Gobierno impulsará una Constituyente de iniciativa popular’: Eduardo Montealegre
El ministro de Justicia delegado (i), Eduardo Montealegre, se refirió a medios sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de origen popular.
El ministro de Justicia delegado, Eduardo Montealegre, afirmó este jueves que es partidario de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de origen popular, como lo expresó el presidente Gustavo Petro Urrego en la alocución televisada la noche del miércoles desde Cali.
“Yo soy partidario de la tesis que lanzó el presidente, respecto a que Colombia necesita una Asamblea Constituyente. Creo que en este momento hay un bloqueo institucional”, dijo Montealegre en entrevista a medios de comunicación.
“¿Y qué tipo de constituyente? Una constituyente de iniciativa popular. Eso que dijo el presidente es muy importante”, recalcó el exmagistrado.
“Las condiciones del país cambiaron totalmente y yo creo que en este momento hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa popular”, destacó.
Agregó que la Constitución Política de 1991 ya no brinda las herramientas necesarias para resolver los problemas del siglo XXI.
“Cuando tenemos un bloqueo institucional, una sociedad bloqueada, cuando tenemos que la Constitución del 91, que yo defiendo y he ayudado a proteger, ya no tiene una capacidad de resolver los problemas del siglo XXI, porque ya se presentan múltiples situaciones que hacen insostenible mantener ciertos aspectos centrales de la Constitución del 91, hay que cambiarla”, aseveró.
El bloqueo institucional
Frente al citado bloqueo institucional subrayó que este corre por cuenta del Congreso de la República que ha hundido las diferentes reformas sociales promovidas por el Gobierno del presidente Petro.
“Aquí tenemos un bloqueo institucional y un bloqueo institucional sistemático por parte del actual Congreso de la República frente a las reformas sociales que presenta el presidente de la República”, enfatizó el ministro delegado.
Asimismo, fue enfático al decir que “llevamos más de 30 años viendo el funcionamiento de la Constitución del 91 y yo creo que después de 30 años de experiencia ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”.
Según Montealegre, para materializar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de origen popular se requiere que la iniciativa tenga el respaldo de ocho millones de ciudadanos, equivalente al 20 % del censo electoral, de modo que pase directamente a la Corte Constitucional para su validación.
“Hay una norma que establece que cuando hay un 20% de firmas frente al censo electoral, ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República, es decir, este no podría negarse a convocar la Constituyente”, puntualizó.
Finalmente, el exmagistrado aseguró que desde la cartera de Justicia va a apoyar la iniciativa de la convocatoria de una Asamblea Constituyente de origen popular y que esta se realizaría en el segundo semestre del 2026: “Siempre he sido partidario de una Asamblea Nacional Constituyente, desde antes que me designaran como ministro”.
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