​ –La nueva Sala de Nefrología ‘Cambio Vital’ en Maicao tuvo una inversión de $888 millones.​ Foto: Ministerio de Salud y Protección Social.

​Sxxi.net-Minsalud “Un cambio Vital en la salud. Llegan las unidades renales al hospital público de Maicao en la Guajira. Ni la inversión en 20 años de los últimos gobiernos en la red pública hospitalaria del país ha alcanzado la que ya hicimos en nuestro gobierno”.

Así calificó el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X​, la puesta en marcha de la nueva Sala de Nefrología ‘Cambio Vital’ de la ESE Hospital San José de Maicao en La Guajira.

Esta iniciativa, que contó con una inversión de $888 millones, hace parte del fortalecimiento progresivo de la red pública hospitalaria que impulsa el Gobierno nacional en La Guajira, con el propósito de reducir brechas, avanzar en equidad y garantizar el derecho fundamental a la salud.

Esta nueva infraestructura permitirá que los habitantes de Maicao cuenten con un nuevo servicio que permitirá diagnósticos tempranos, tratamientos oportunos y acciones de prevención en salud renal, garantizando una atención especializada en el territorio y evitando desplazamientos. 

De acuerdo con el ministerio de Salud, la Unidad Renal ‘Cambio Vital’ nace como un servicio diseñado para cuidar y proteger a los ciudadanos y “no se trata solo de máquinas, se trata de personas, de un equipo especializado que entiende que cada paciente necesita seguridad, confianza y trato humano”.

Destaca la cartera de salud que “este avance hace parte del compromiso del Gobierno de la Vida de fortalecer la red pública hospitalaria, cerrar brechas y avanzar en equidad para garantizar el derecho fundamental a la salud”. 

“Cuando la salud falla lo primero que se pierde es la tranquilidad y cuando la distancia se interpone lo que está en juego no es tiempo, es la vida”, aseguraron. 

Para el ministerio de Salud es claro que ‘Cambio Vital’ significa “atención cercana sin traslados innecesarios, sin rupturas familiares, sin incertidumbres. Significa que hay un lugar preparado con tecnología, conocimiento y calidez cuando más se necesita porque cuando un paciente se siente seguro el cuerpo responde mejor”.

‘Gobernadores van a aplicar el Decreto’ que aumenta impuestos a licores y tabaco

​En los próximos días se realizará una nueva mesa técnica entre el Gobierno y los gobernadores para analizar los nuevos impuestos de la Emergencia Económica​. Foto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Los gobernadores del país, agremiados en la Federación Nacional de Departamentos, se comprometieron a aplicar el Decreto 1474 de 2025 expedido al amparo de la Emergencia Económica y Social el pasado 22 de diciembre.

Así se acordó al término de un encuentro en la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al que asistieron 17 mandatarios regionales para despejar dudas frente a los alcances de la norma con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aspira recaudar cerca de $2,5 billones adicionales.

El decreto aumenta de 5% a 19% al consumo de licores y cigarrillos, tema que según los gobernadores afectan los ingresos en sus regiones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que se trató de una “reunión cálida, se acaba la discordia, ellos (los gobernadores) van a aplicar el Decreto. Quedó claro que, si estos impuestos afectan a los territorios, la nación asume lo que haga falta para compensar a los departamentos”, aseguró.

Otra preocupación de los mandatarios regionales es que al aumentar el impuesto al consumo se dispara el contrabando y se reduce el consumo, pero el jefe de la cartera política sostuvo que “de ser así, nosotros, la nación, asumiríamos esa compensación, pero cálculos nos indican que eso no va a pasar”. 

El ministro anunció que con la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera), el Gobierno aumentará aún más la lucha contra el contrabando.

Tampoco, agregó Benedetti, las regiones perderán autonomía, como advierten los mandatarios, “porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 de 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos”.

¿Qué dice el Ministerio de Hacienda?

Previo a la reunión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que las gobernaciones no verán afectados sus ingresos por los nuevos impuestos porque “la metodología está estructurada para que a la nación llegue el ingreso adicional a la tarifa, es decir, que el 5% del IVA al consumo de tabaco y alcohol irá a los departamentos, y 14% a la nación”.

En su cuenta de la red social X, la cartera informó, al final de la reunión, que “los gobernadores reconocieron la buena voluntad del Gobierno, representado en los ministerios de Hacienda y del Interior, y la disposición de avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas”.

Agregó que “se propone control al contrabando, salvaguarda de la ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación, y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación al Régimen Subsidiado”.

Tanto los gobernadores como el Gobierno nacional presentarán sus argumentos a la Corte Constitucional para que se pronuncie de fondo sobre la juridicidad de la Emergencia Económica y Social y, en particular, del Decreto 1474 de 2025.

En los próximos días se realizará una nueva mesa técnica para analizar el tema, en fecha aún por definir.

Con información del Ministerio de Hacienda

Participación de personas con discapacidad en la contratación pública

​La medida pretende saldar una deuda histórica con la población en condición de discapacidad. Foto: Colombia Compra Eficiente​

En busca de saldar una deuda histórica con la población en condición de discapacidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- publicó el proyecto de decreto que incentivará la participación de estas personas en los procesos de contratación estatal.

Se trata de una iniciativa del presidente Gustavo Petro, mediante la cual se reglamentará una norma expedida hace 13 años, conocida como el estatuto de las personas con discapacidad (PcD), en la que se ordena adoptar medidas afirmativas que permitan su acceso a las compras públicas. 

La propuesta para reglamentar la Ley 1618 de 2013 “es una obligación en mora de ser cumplida. No hacerlo iría en contravía de derechos fundamentales que, como Estado Colombiano, debemos garantizar”, manifestó el director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla.

El borrador de decreto fue un ejercicio concertado con diferentes sectores, incluido el de infraestructura. Todas las observaciones y comentarios fueron respondidos y se realizaron mesas de trabajo con el fin de fortalecer el proyecto normativo y acoger sus propuestas.    

Además de ser una exigencia de ley, el borrador de decreto responde a la condena impuesta al Gobierno Nacional por parte del Consejo de Estado, mediante una acción de cumplimiento impetrada por un ciudadano, en la que se estableció que, ante la ausencia de una reglamentación completa, se están soslayando los derechos de las personas con discapacidad.

Respecto a afirmaciones sobre una supuesta distorsión de mercado, es pertinente citar el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que al respecto señala:

“Esta Superintendencia valora positivamente el proyecto en la medida en que su propósito —consistente en adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las personas con discapacidad en el sistema de compras y contratación pública— está orientado a promover condiciones efectivas de igualdad para esta población, corregir barreras estructurales de acceso y fomentar la participación de PcD como proponentes, contratistas o integrantes de la cadena de valor. Tales objetivos se encuentran alineados con los fines constitucionales de igualdad de condiciones y derecho al trabajo”.

Cabe aclarar que, si un proponente decide no acogerse a este decreto, cuenta con múltiples alternativas legales vigentes para fortalecer su oferta, como los incentivos para Mipymes, empresas lideradas por mujeres, criterios de sostenibilidad, desarrollo local, innovación, economía popular u otros sujetos de especial protección constitucional, sin que exista obligación alguna de participar bajo este esquema específico.

Colombia Compra Eficiente informó que rechaza afirmaciones que apuntan a suponer que la población con discapacidad es corrupta, o que su inclusión en las compras públicas genere corrupción, ya que además de ser peyorativo no cuenta con fundamentos sólidos que respalden esos calificativos.

En esta discusión, según Cristóbal Padilla, es importante tener en cuenta la exclusión que han sufrido las personas con discapacidad, particularmente en el ámbito laboral. De acuerdo con datos del DANE para el año 2025, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad fue de de 9,0%, cifra superior al desempleo en personas sin discapacidad. 

De otro lado, el ministerio de Salud y Protección Social señala que el 68,2% no trabaja, y que la mitad de los trabajadores con discapacidad (49,7%) se encuentra en la informalidad.

En ese sentido, otorgar autonomía económica a las personas con discapacidad a través de sus empresas y emprendimientos, cuando antes solo lo podían hacer como empleados y no como empresarios, no puede entenderse como corrupción o afectación a la libre competencia

La ley permite que la contratación pública sea una herramienta legítima de política social, donde se cambia el paradigma de la contratación mercantilista a una contratación con enfoque social y ambiental, que pueda ser un instrumento de promoción de las políticas estatales. “Incorporar medidas afirmativas para la población vulnerable no constituye una violación al principio de selección objetiva ni a la libre competencia, sino lograr la igualdad material de las personas en condición de discapacidad”, manifestó el director de la Agencia Nacional de Contratación Pública.

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