Reflexiones con Darío Salazar sobre prevención, territorio y responsabilidad ciudadana

Ante los desastres: EcoSociedad

El sismo de 7.4 grados que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 volvió a poner en el centro del debate público una pregunta incómoda: ¿está Colombia realmente preparada para convivir con un territorio geológicamente activo? En el programa Ante los desastres: EcoSociedad, transmitido por Contacto TV en alianza con Portal Ecológico Siglo XXI y Radio Ecowave Onda Ecológica, el ecologista Darío Salazar, fundador del proyecto EcoSociedad, ofreció una lectura que va mucho más allá de la coyuntura sísmica: una invitación a repensar cómo habitamos el territorio, cómo consumimos y qué papel le corresponde a cada ciudadano frente a los desastres naturales y a la crisis climática.

Presentado por Andrés Camargo, con la participación adicional de Luis Eduardo Romero, la conversación recorrió cuatro grandes ejes: la geología de Colombia y su relación con los sismos, la planificación urbana y la prevención comunitaria, el consumo como motor de la crisis climática, y los dilemas del fracking y la protección de la Amazonía. En todos ellos, Salazar insistió en una misma idea de fondo: la prevención no es solo un asunto técnico o institucional, es sobre todo un ejercicio de conciencia colectiva.

Colombia, un territorio en movimiento constante

Salazar comenzó explicando por qué Colombia es un país sísmicamente activo. El territorio nacional se ubica sobre el llamado cinturón de fuego del Pacífico, en la zona de subducción donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa Suramericana —fenómeno que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), es la fuente de los sismos de mayor magnitud registrados en el país—. Esta dinámica ha generado a lo largo de la historia una serie de eventos sísmicos importantes: el terremoto y maremoto de 1906 (magnitud aproximada de 8.8, uno de los mayores registrados en el mundo), el sismo de Tumaco en 1979, el de Popayán en 1983, el que afectó a Risaralda, Valle del Cauca y Chocó en 1995, el del Eje Cafetero en 1999, y el más reciente, ocurrido el 10 de agosto de 2026 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una magnitud de 7.4 confirmada tanto por el SGC como por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) —el sismo de mayor magnitud registrado en el país en más de una década—.

Para el ambientalista, entender esta dinámica exige un cambio de mirada: la Tierra no es una superficie estática, sino un sistema en permanente transformación geológica. Así como el planeta gira sobre su propio eje y alrededor del sol, en su interior las placas tectónicas se desplazan, acumulan energía y eventualmente la liberan. Las tres cordilleras colombianas —oriental, central y occidental— y las fallas geológicas que las atraviesan, como la falla de Romeral o las que rodean a Bogotá por el Piedemonte Llanero y Sumapaz, son evidencia de esa actividad constante. Comprender esta realidad geológica, sostuvo Salazar, es el primer paso para dejar de ver los sismos como una fatalidad y empezar a verlos como un fenómeno que puede anticiparse y gestionarse desde la prevención.

Dato verificado: según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 19 de agosto de 2026, el sismo del 10 de agosto ha dejado 314 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, con afectaciones en 15 departamentos y 450 municipios.

Prevención: de la norma sismorresistente a la responsabilidad del hogar

El segundo eje de la conversación giró en torno a cómo se han desarrollado las ciudades colombianas y qué tan preparadas están sus construcciones para resistir un sismo de gran magnitud. Salazar recordó que el país cuenta con una norma de construcción sismorresistente que obliga a arquitectos e ingenieros a emplear materiales y diseños capaces de soportar movimientos telúricos. Esta normativa —la NSR, vigente desde 1984 y actualizada en 1998 y 2010— es, en efecto, la que regula hoy los estándares mínimos de construcción antisísmica en el país. Sin embargo, advirtió que la norma técnica no es suficiente si no va acompañada de estudios de suelo rigurosos y del respeto a los ecosistemas estratégicos, especialmente las rondas de quebradas y ríos.

En el caso específico de Bogotá, Salazar llamó la atención sobre un dato poco difundido: buena parte de la sabana fue, en su origen, un sistema de humedales y antiguos lagos que hoy sobreviven apenas en una fracción de su extensión original. Bajo el relleno urbano persisten bolsas de agua subterráneas que pueden generar fenómenos de subsidencia —el hundimiento progresivo del suelo— cuando una falla se activa. Por eso, insistió, no da lo mismo vivir en la falda de los cerros orientales que en el centro de la sabana: el comportamiento del suelo frente a un sismo varía según la zona, y esa información debería ser parte del conocimiento básico de cualquier ciudadano antes de comprar o construir una vivienda.

Aquí es donde la reflexión de Salazar adquiere su carácter más propositivo. Para él, la prevención comienza en la escala más pequeña posible: el hogar. Revisar el estado estructural de la vivienda, evitar ubicar objetos pesados sobre camas o cunas, y tener claridad sobre cómo se comportaría la construcción ante un sismo de mayor magnitud son medidas básicas que están al alcance de cualquier familia. Pero la prevención no se agota ahí: debe extenderse al vecindario y al conjunto residencial, porque —como recordó Salazar citando la experiencia reciente en Cali, Armenia y Pereira quedaron sin gas ni agua tras el sismo— son los vecinos, y no las entidades, quienes primero acuden a ayudar cuando ocurre una emergencia.

De ahí nace la propuesta central de EcoSociedad: construir, de manera escalonada, una ecopersona, una ecofamilia, un ecobarrio y, finalmente, una ecociudad. Se trata de una cadena de responsabilidad que parte del individuo, pasa por la comunidad organizada y solo después involucra a las instituciones públicas y privadas, cuya función —insistió Salazar— es orientar recursos y canalizar apoyos, no sustituir la capacidad de acción ciudadana.

Este principio coincide, de hecho, con lo que la literatura técnica en gestión del riesgo llama “resiliencia comunitaria”: la capacidad de un grupo humano para anticipar, absorber y recuperarse de un evento adverso usando sus propios recursos organizativos, antes de que llegue cualquier ayuda externa. En la práctica, esto se traduce en tareas concretas y replicables en cualquier barrio o conjunto residencial:

• Formación en primeros auxilios y manejo de emergencias para al menos una persona por hogar o por torre residencial.
• Planes familiares y vecinales de emergencia, con puntos de encuentro definidos y rutas de evacuación conocidas por todos.
• Kits básicos de supervivencia (agua, mercado no perecedero, linterna, carpa o plástico, botiquín) revisados periódicamente.
• Redes vecinales de verificación, para identificar rápidamente daños en instalaciones de gas, electricidad y acueducto —las llamadas líneas vitales— antes de que se conviertan en un riesgo adicional.
• Brigadas comunitarias de remoción de escombros, organizadas con anticipación, que puedan actuar en los primeros minutos, cuando la ayuda institucional aún no ha llegado.

Ninguna de estas medidas reemplaza la responsabilidad del Estado ni de las empresas de servicios públicos. Pero sí ilustran el argumento central de Salazar: la primera línea de respuesta ante un desastre no es institucional, es comunitaria, y su fortaleza depende de qué tan preparada esté la gente antes de que ocurra la emergencia.

Ciudades más extensas, menos densificadas

Un segundo componente propositivo de la entrevista tiene que ver con el modelo de crecimiento urbano. Salazar cuestionó la tendencia a densificar las ciudades colombianas con edificios de veinte o treinta pisos que no dejan espacio público suficiente ni siquiera para estacionar una bicicleta. En su lugar, propuso repensar el ordenamiento territorial hacia una ciudad más extensa y menos concentrada, que permita a más personas acceder a terrenos rurales cercanos —a media hora o una hora de las capitales— donde sea posible desarrollar proyectos de vivienda con huertas propias y menor dependencia del consumo urbano intensivo. Esta descentralización, argumentó, no solo mejoraría la calidad de vida, sino que reduciría la vulnerabilidad frente a los desastres al evitar la concentración de población en zonas de alto riesgo geológico.

La crisis climática como consecuencia del consumo

El tercer bloque de la conversación abordó el cambio climático desde una perspectiva que Salazar planteó sin rodeos y que conviene identificar como su interpretación —no como un consenso científico cerrado—: para él, la crisis ambiental global es una consecuencia directa de un modelo económico basado en el consumo excesivo y la explotación de combustibles fósiles. Esta lectura coincide con buena parte de la literatura sobre cambio climático antropogénico, que sí atribuye con alto grado de consenso científico el calentamiento global reciente a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, aunque el peso relativo del “consumismo” frente a otros factores estructurales —como el modelo energético industrial— sigue siendo objeto de debate económico y político.

Puso como ejemplo histórico el caso de Bogotá, que contó con un sistema de transporte eléctrico hasta 1980, cuando fue reemplazado por buses diésel, antecedente directo del actual sistema TransMilenio. Para Salazar, esa decisión tuvo un costo ambiental y sanitario —en términos de contaminación y afectaciones a la salud pública— que pudo haberse evitado si se hubiera optado por electrificar y ampliar el sistema original en lugar de sustituirlo por combustión fósil.

Más allá de la crítica estructural, Salazar dedicó buena parte de su intervención a lo que cada persona puede hacer desde su cotidianidad. Su propuesta se resume en una frase que repitió como eje de su mensaje: “consumamos menos y vivamos más”. Bajo esa premisa, ejemplificó con el consumo de agua embotellada —más costosa, dijo, que la gasolina por galón— como un hábito que se puede sustituir tomando agua directamente del acueducto en ciudades como Bogotá, donde la calidad del agua lo permite. De la misma manera, planteó preguntas prácticas sobre el uso del automóvil frente a alternativas como caminar, la bicicleta, el transporte público, y sobre la pertinencia de vivir en grandes ciudades cuando existen alternativas de vida rural más sostenibles.

Como ejemplos concretos de que este cambio de hábitos ya está ocurriendo, mencionó experiencias como el Ecobarrio La Esmeralda en Bogotá, donde comunidades han recuperado espacio público para la siembra de cultivos, y los paqueros (Compost) procesos en Teusaquillo donde los residuos orgánicos se transforman en insumo para nuevos cultivos. Se trata, según Salazar, de iniciativas que aunque no tengan un impacto masivo en términos absolutos, construyen una cultura de cuidado del territorio que es replicable y escalable.

Fracking: el riesgo bajo la superficie

Consultado sobre el fracking, Salazar fue categórico en su postura de rechazo desde una perspectiva ecológica. Explicó que esta técnica de extracción implica fracturar formaciones rocosas profundas para liberar petróleo, un proceso que compromete y contamina los sistemas hídricos subterráneos, muchas veces sin que exista un mapeo claro de por dónde circulan. En esto coincide con la evidencia técnica disponible: distintos estudios internacionales sí documentan riesgos de contaminación de acuíferos y de sismicidad inducida asociados al fracking, aunque la magnitud de esos riesgos varía según la geología local y los estándares de operación, un debate que en Colombia sigue abierto entre la autoridad ambiental, la academia y el sector petrolero.

Para reforzar su argumento, Salazar recurrió a un referente histórico: la resistencia del pueblo indígena U’wa, ubicado entre Arauca, Casanare, Boyacá y Norte de Santander, quienes a finales de la década de 1990 llevaron su oposición a la explotación petrolera en su territorio hasta instancias internacionales como Naciones Unidas, bajo la premisa de que “el petróleo es la sangre de la tierra”. Ese episodio, señaló, sigue siendo una referencia sobre las tensiones entre extracción de recursos y derechos territoriales que continúan vigentes en el debate energético actual.

La posición de Salazar no es de rechazo absoluto a la actividad petrolera como tal, sino a su expansión hacia técnicas de mayor riesgo ambiental cuando existen alternativas. Coincidió en este punto con la orientación de política energética planteada durante el gobierno del Pacto Histórico presidido por Gustavo Petro, orientada a reducir la dependencia del petróleo en favor de fuentes de energía alternativa, y cuestionó el modelo de concesiones mediante el cual, según explicó, el país cede la explotación de sus recursos naturales a cambio de una compensación que no refleja su valor real ni los costos ambientales asociados.

La Amazonía: entre la deforestación y la falta de institucionalidad

El cierre de la entrevista, motivado por una pregunta sobre la reforestación amazónica, permitió a Salazar plantear quizás su reflexión más propositiva. A diferencia del petróleo, explicó, la madera y los bosques son recursos renovables: un área talada puede regenerarse por sí sola si se le da la oportunidad, y una gestión responsable de la extracción maderera —sembrar en la misma proporción y más de lo que se tala— permitiría un aprovechamiento sostenible en el mediano y largo plazo.

El problema de fondo, según su diagnóstico, no es técnico sino institucional: la débil presencia estatal en la Amazonía ha dejado el territorio expuesto a una disputa entre actores que talan y contaminan para ganadería, minería o cultivos ilícitos, sin que exista una planeación clara desde el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas o los institutos de investigación como el Sinchi. A esto se suma un fenómeno que Salazar calificó de preocupante: la influencia de organizaciones no gubernamentales internacionales en el manejo de recursos de cooperación destinados a la protección amazónica, cuyos beneficios, según su lectura, no siempre llegan de manera proporcional a las comunidades locales.

Como propuesta concreta, planteó la necesidad de un inventario nacional completo de la biodiversidad amazónica —que hoy, señaló, es más robusto en instituciones científicas rusas que en Colombia— como base para cualquier estrategia seria de conservación. La Amazonía, insistió, debe protegerse no como un simple “banco de recursos” para ser administrado desde afuera, sino como un ecosistema con valor propio, cuya defensa requiere soberanía técnica y científica nacional.

La resiliencia como respuesta: el cierre solidario con el ejem Pacifico

Salazar cerró su intervención con un mensaje de solidaridad hacia las comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto en el Chocó, eje cafetero y Valle, recordando que procesos de recuperación tras desastres de gran escala en Colombia —como el de Armero, hace más de cuatro décadas— han tomado más de una década en consolidarse plenamente. Su llamado final fue a entender que la reconstrucción no es solo física, sino también psicológica y social, y que las comunidades afectadas deben ser protagonistas de su propio proceso de recuperación, acompañadas —mas no sustituidas— por el Estado y las organizaciones solidarias.

Ese llamado resume, quizás mejor que ningún otro momento de la entrevista, el eje que atraviesa toda la conversación: frente a un territorio geológicamente activo y a una crisis climática que no va a revertirse de un día para otro, la variable que sí está al alcance de cada persona es su nivel de preparación. La evidencia internacional en gestión del riesgo respalda ese punto: los estudios sobre desastres coinciden en que las comunidades con redes sociales fuertes, planes de emergencia conocidos y capacidad de autoorganización reducen de forma medible tanto el número de víctimas como el tiempo de recuperación tras un evento, independientemente de la rapidez con que lleguen las instituciones.

En ese sentido, la entrevista deja una propuesta verificable: la prevención de desastres, la adaptación climática y la protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía no son responsabilidades exclusivas de gobiernos o expertos. Son, ante todo, capacidades que se construyen desde abajo —en el hogar, en el edificio, en el barrio— y que se fortalecen cuando esas decisiones individuales se organizan en comunidad. Ese es, en el fondo, el proyecto que Darío Salazar resume bajo el nombre de EcoSociedad: no esperar a que el desastre ocurra para descubrir qué tan preparados estábamos.

Basado en la entrevista “Ante los desastres: EcoSociedad. Reflexiones con Darío Salazar”, transmitida por Contacto TV en alianza con Portal Ecológico Sxxi.net y Radio Ecowave Onda Ecológica.

Si quiere ver el programa, aquí está: