La protesta como activador de la cultura democrática: las marchas del 14 de octubre en Colombia

Portal ecológico Sxxi.net – EcoPolítica El 14 de octubre de 2026 Colombia vive su primera gran jornada de movilizaciones nacionales bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. Convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Pacto Histórico y diversos colectivos sociales, las marchas se concentran en Bogotá (Parque Nacional hacia Plaza de Bolívar), Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades. Los motivos centrales son el rechazo a anuncios sobre reforma laboral y pensional, la defensa del salario mínimo, las condiciones del magisterio, la educación pública y la crítica al Decreto 1525 de 2026, que regula la actuación de la fuerza pública durante las protestas.

Esta jornada no es un hecho aislado. Forma parte de un ciclo de contienda política que, según la ciencia política contemporánea, debe leerse como un mecanismo de activación cultural y democrática. Los científicos humanistas han mostrado que la política contenciosa —la acción colectiva que enfrenta a ciudadanos ordinarios con élites y autoridades— no es un trastorno, sino un repertorio moderno de reclamo de derechos que transforma identidades, amplía agendas públicas y obliga al sistema político a responder. En Colombia, la protesta ha funcionado históricamente como un activador de cultura ciudadana: genera solidariedades, actualiza marcos de sentido y educa en el ejercicio del poder popular.

Argumentos a favor de la protesta

El primer argumento es constitucional y democrático. El artículo 37 de la Constitución Política reconoce el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Decreto 003 de 2021 (producto del estallido social de 2021) establecieron la presunción de pacifidad de las movilizaciones y el diálogo como regla preferente. Protestar es, por tanto, un derecho fundamental que no requiere aviso previo y que obliga al Estado a garantizar su ejercicio.

Desde la teoría de los movimientos sociales, Tarrow sostiene que el “poder en el movimiento” reside precisamente en la capacidad de la gente ordinaria de unir fuerzas, construir solidaridad y sostener demandas frente a las autoridades. Las protestas de hoy articulan sindicatos, maestros, estudiantes y sectores del Pacto Histórico, antecesor del poder por un margen estrecho. Funcionan como un mecanismo de accountability extrainstitucional: cuando las instituciones parecen cerrarse o cuando se percibe un retroceso en conquistas laborales y educativas, la calle se convierte en espacio de deliberación pública.

Un segundo argumento es de carácter pedagógico y cultural. Las protestas colombianas han demostrado ser espacios de producción cultural: música, murales, performance, consigna y rituales colectivos. Durante el estallido de 2021 la calle se llenó de gaitas, cumbia, rap y arte urbano que redefinieron la narrativa de la indignación. La protesta no solo exige; también enseña. Genera identidad colectiva, socializa a nuevas generaciones en la disputa política y obliga a la sociedad a confrontar sus desigualdades estructurales. En términos de Alberto Melucci, los movimientos producen significados y redefinen las fronteras de lo posible.

Un tercer argumento es de oportunidad política. El cambio de gobierno abre una ventana. Los sectores que se sentían representados por el Pacto Histórico ahora perciben amenazas a reformas laborales, pensionales y educativas. La movilización sirve para medir fuerzas de cara a las elecciones regionales de 2027 y para impedir que el nuevo ejecutivo avance sin contrapeso social. En la lógica de McAdam, Tarrow y Tilly, las oportunidades políticas (apertura o cierre del sistema, divisiones entre élites, disponibilidad de aliados) explican por qué la gente sale a la calle en determinados momentos.

Argumentos en contra

No todo es positivo. El primer argumento en contra es el de la afectación a derechos de terceros. Bloqueos, restricción de movilidad y posibles daños a infraestructura impactan el derecho al trabajo, a la libre circulación, al acceso a servicios de salud y a la actividad económica de personas que no participan en la protesta. La jurisprudencia constitucional colombiana ha insistido en la necesidad de ponderar derechos: la protesta no es absoluta. Cuando se afecta el abastecimiento de alimentos o medicamentos, o cuando se instrumentalizan menores, el Estado tiene el deber de intervenir.

Un segundo argumento es el de la instrumentalización política y el riesgo de violencia. Críticos señalan que algunas convocatorias buscan desestabilizar al nuevo gobierno más que resolver problemas concretos. La presencia de grupos infiltrados o de acciones vandálicas ha sido un problema recurrente en ciclos anteriores, exceptuando en los 4 años del Pacto Histórico donde ninguna protesta resultó en disturbios, al contrario, fueron encuentros de alegría en la reivindicación de Derechos. El Decreto 1525 de 2026 responde a esta tensión: define actos de violencia (porte de armas, agresiones, retención de personas, destrucción de bienes, instrumentalización de menores) y permite la intervención policial simultánea al diálogo, sin que este último sea requisito previo. Sus defensores argumentan que protege la protesta pacífica al separar claramente a quienes destruyen de quienes reclaman.

Un tercer argumento es de eficacia y polarización. Algunos analistas sostienen que la protesta fragmentada y reiterada puede erosionar la legitimidad de las instituciones y polarizar aún más a la sociedad. Cuando la calle se convierte en el principal escenario de disputa, se debilita la negociación institucional y se alimenta un ciclo de confrontación que dificulta la construcción de consensos de largo plazo. La ciencia política comparada advierte que ciclos de contienda intensos pueden producir tanto democratización como reacción autoritaria, dependiendo de cómo el Estado y los actores sociales gestionen la tensión.

La mirada de EcoSociedad y Darío Salazar desde Sxxi.net

Desde el Portal Ecológico Sxxi.net y el movimiento EcoSociedad, liderado por el psicólogo y ecologista José Darío Salazar Ramos, la protesta se interpreta en clave de ecología humana y de construcción de una sociedad que cuide la vida. Salazar define EcoSociedad como un horizonte de eco-personas, eco-familias y eco-barrios basados en la solidaridad, la disminución del consumo irracional y un capitalismo social y cooperativo cuyo eje sea el ser humano, los seres vivos y la naturaleza.

Sus propuestas se articulan alrededor de varios ejes. Primero, la gobernanza del agua y el ordenamiento del territorio alrededor de los ecosistemas estratégicos (cuencas del Pacífico, Atlántico, Magdalena, Orinoco, Amazonas, Chingaza, Sumapaz, Cerros Orientales). Segundo, la protección de la vida en todas sus dimensiones: aire menos contaminado, agua como derecho, suelo democratizado para la soberanía alimentaria, vivienda como eco-hogar, salud preventiva y mental, educación con sentido de EcoSociedad. Tercero, la construcción de poder desde el microterritorio (el hogar, el barrio) mediante investigación-acción-participación. Cuarto, la economía solidaria y cooperativa, donde quien más gana más contribuye, y la promoción de una cultura de cuidado mutuo: “me cuido, te cuido, me cuidas, nos cuidamos”.

Para EcoSociedad, la protesta debe trascender la demanda puntual y convertirse en un acto pedagógico que construya ciudadanía ecológica. No se trata solo de rechazar políticas del gobierno de turno, sino de activar una cultura de responsabilidad colectiva frente a la crisis socioambiental y de desigualdad. La protesta, en esta lectura, es un activador de la cultura del cuidado: cuida el derecho a reclamar, pero también debe cuidar el territorio, la convivencia y la posibilidad de un futuro común.

Propuesta de 20 puntos para Colombia: lo que debe hacer la sociedad y lo que debe hacer un gobierno continuo

Desde la perspectiva de la ciencia política más actual (teoría de la contienda, democracia deliberativa, justicia ambiental y gobernanza multinivel) y de las orientaciones de EcoSociedad, se formula la siguiente propuesta de veinte puntos. Distingue responsabilidades de la sociedad civil y del gobierno, entendiendo que un “gobierno continuo” no es uno de un solo color ideológico, sino uno capaz de sostener políticas de Estado más allá de los ciclos electorales.

Lo que debe hacer la sociedad:

1. Ejercer la protesta de manera pacífica, creativa y culturalmente productiva, privilegiando el arte, la música y el diálogo sobre la violencia o el bloqueo indiscriminado.
2. Construir redes de solidaridad intersectorial (trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos, ambientalistas, jóvenes) que no se agoten en la coyuntura electoral.
3. Fortalecer la educación política ciudadana desde los barrios y veredas, formando eco-personas capaces de argumentar, deliberar y proponer.
4. Practicar el consumo responsable y la economía solidaria en la vida cotidiana, reduciendo la huella ecológica individual y colectiva.
5. Participar activamente en veedurías, consejos territoriales y mecanismos de control social a las políticas públicas.
6. Cuidar el espacio público durante las movilizaciones, rechazando el vandalismo y protegiendo a periodistas, misiones médicas y ciudadanos no involucrados.
7. Generar agendas comunes de largo plazo (agua, tierra, educación, salud mental, transición energética justa) que trasciendan las banderas partidarias.
8. Promover la cultura del cuidado mutuo y la resolución pacífica de conflictos en familias, barrios y organizaciones.
9. Documentar y narrar las protestas desde abajo, produciendo memoria colectiva y evitando que la historia la escriban solo los medios hegemónicos.
10. Exigir transparencia y rendición de cuentas tanto a los gobiernos como a los propios líderes de los movimientos sociales.

Lo que debe hacer un gobierno continuo:

11. Garantizar el derecho a la protesta pacífica con protocolos claros, proporcionales y sometidos a control judicial, sin criminalizar la movilización legítima.
12. Instalar mesas permanentes de diálogo con sindicatos, maestros, estudiantes y organizaciones sociales antes de que la tensión explote en la calle.
13. Avanzar en la gobernanza del agua y el ordenamiento territorial alrededor de los ecosistemas estratégicos como política de Estado.
14. Proteger y ampliar las conquistas laborales y pensionales, evitando retrocesos que generen conflictividad innecesaria.
15. Invertir de manera prioritaria en educación pública de calidad, salud preventiva y salud mental, entendidas como pilares de una EcoSociedad.
16. Impulsar una transición energética justa que democratice las comunidades energéticas y proteja a los territorios históricamente extractivos.
17. Democratizar la tierra y fortalecer la producción agroecológica para avanzar hacia la soberanía alimentaria.
18. Fortalecer la democracia deliberativa mediante presupuestos participativos, audiencias públicas vinculantes y mecanismos de consulta previa efectiva.
19. Combatir la corrupción con estándares de transparencia inspirados en los modelos nórdicos, recuperando la confianza ciudadana.
20. Construir políticas de Estado de largo plazo en seguridad humana, justicia social y acción climática que no se desmonten con cada cambio de gobierno.

La protesta del 14 de octubre de 2026 no es solo una demostración de fuerza de la oposición ni un simple rechazo a un decreto. Es un momento de activación cultural. Cuando la sociedad sale a la calle, pone en escena sus dolores, sus sueños y sus horizontes de justicia. El desafío para Colombia no es eliminar la protesta ni idealizarla, sino convertirla en un repertorio democrático maduro: un activador de cultura ciudadana, de cuidado mutuo y de construcción de una EcoSociedad donde el poder se ejerza desde abajo y el gobierno continúe las políticas que protegen la vida.

La ciencia política nos recuerda que las democracias no se debilitan cuando la gente protesta; se debilitan cuando dejan de escuchar. Colombia tiene la oportunidad de demostrar que sabe activar su cultura democrática sin destruir el tejido que la sostiene.