PreTextos para una conversación ciudadana

Por Ricardo Rubio Psicólogo. Propuestas desde el Líbano Tolima – De lo Local y Regional para lo Global

1.Pretexto para una conversación ciudadana acerca de la Remodelación del Parque Central (Del Líbano Tolima)

La reunión para socializar la propuesta de intervenir el Parque Central puede sugerir varias lecturas. De entrada, impresiona la gran cantidad de vendedores informales presentes, quizá para ver como quedaban; otras personas percibieron tensiones jurídicas con relación al uso del espacio público y otras tantas atendieron a las características del boceto. Independientemente de las consideraciones anteriores, cualquier intervención significativa en el Parque Central corre el riesgo inevitable de quedar descontextualizado e inútil en pocos años si prevalece el interés y bienestar colectivo. Basta con pensar, por ejemplo: Si se debe construir una terminal de transporte en el perímetro, ¿para qué invertir esta cantidad de recursos decorando la informalidad de una terminal y sus actividades igualmente informales en el Parque Central?, ¿por qué no destinar esos recursos escasos directamente en una terminal que ordene el hábitat municipal, descentralice las dinámicas socioeconómicas y formalice todas las actividades a ella asociadas?Qué pasará con esa remodelación sin un grupo de arquitectos expertos en hábitat, patrimonio, paisaje y diseño presentan un proyecto de mobiliario y patrimonio que desentone con lo hecho en el centro, ¿se pierde lo hecho o se aplican estos diseños sin fundamento ni estética a todos los bienes públicos del municipio?¿Qué ocurrirá cuando se remodelen y dinamicen las amplias zonas con las que cuenta el municipio en otros parques,en el polideportivo, el parque infantil, el parque temático ambiental, y otras canchas que repliquen la experiencia exitosa de la cancha del Jaramillo?, ¿qué sentido tendría un gimnasio en el centro del parque?

Libano Tolima. Foto Alcaldía municipal

Siendo un imperativo reubicar cerca de 1.000 familias que habitan áreas de alto riesgo, proveerlas de vivienda, restaurar ambientalmente las áreas ocupadas y proveer estas zonas con servicios básicos y un espacio público digno, ¿qué sentido tiene el concentrar la inversión de recursos escasos en el centro? Más aún, cuando las inversiones en el perímetro contribuyen a la inclusión social, el bienestar y disminuyen los riesgos y la vulnerabilidad en temas como la salud, la convivencia e incluso la seguridad general.Algunos dirán: “más vale un pájaro en mano que cien volando”, pero cabe la experiencia de Honda luego del cierre de Bavaria y varias empresas agroindustriales que volcó la informalidad hacia la plaza El Carmen y las áreas aledañas. Si el pájaro en mano hubiese destinar recursos en la remodelación de la plaza El Carmen para perpetuar los paraderos de buses, los vendedores de fritanga y de paso contribuir a la degradación de las áreas aledañas, la informalidad se habría desbordado y no hubiese sido posible la restauración de la zona histórica, la plaza de mercado y de muchos otros bienes ruinosos. Por fortuna, una priorización adecuada de los esfuerzos públicos permitió la construcción de una terminal, la intervención y restauración de la plaza de mercado y la activación de la zona histórica, reduciendo la informalidad y recuperando el patrimonio histórico para hacer de Honda un referente histórico, cultural y empresarial del país. Se trata de hacer y dejar hacer, priorizando los recursos públicos en obras que desconcentren la inversión, generen formalidad e inclusión social en las áreas perimetrales, configurando de a poco un municipio con un hábitat y un urbanismo de calidad para el bienestar de todos en todo su territorio. Apagar una urgencia…. para algunos, puede significar el aplazamiento de obras importantes y de gran impacto socio económico.

2.Pretexto para una conversación entre ciudadanos acerca de las Dinámica Socio Culturales. (Norte del Tolima

Vista de Honda Tolima y Puerto Bogotá Cundinamrca Foto Wikipedia

Retomando a Honda como referente, la redención de ese municipio y las decisiones que en su momento fueron acertadas se deben en buen grado al trabajo de memoria histórica, de arqueología, arquitectura y patrimonio que se intensificó al cumplirse 200 años del inicio de la expedición botánica (1.783-1.813). Todos esos estudios, conversaciones y la “botadera de corriente” generaron las condiciones básicas y esenciales para la construcción social y económica de un territorio viable y sostenible, a saber: la oportunidad de reconocer un pasado común y la posibilidad de forjar un porvenir compartido; es esa conjunción entre la nostalgia y la utopía la que le confiere contexto, significado y diseño a las obras materiales que evidentemente hablan de lo que pasa por la cabeza y el corazón de estas poblaciones.

Cuando esas coordenadas fallan, la sociedad entra en desbandada y en el todo o cualquier cosa vale; se construye sin mayores parámetros y sin atender el contexto cultural, lo que invita a preguntarnos: ¿qué valor patrimonial, cultural y turístico queremos ofrecer a nuestra ciudadanía, a inversores, visitantes y turistas? ¿Qué sociedad, su memoria y su porvenir puede verse representada en tal urbanismo?, ¿qué personas pueden formarse en tal des-urbanidad?, ¿Qué hay de los derechos ciudadanos en un municipio donde cada calle se disputa con la informalidad del más poderoso, astuto o “restiado”?, ¿qué equilibrio territorial y qué procesos de convivencia general se pueden esperar, cuando la inversión en su centro concentra las oportunidades y tensiona fuerzas entre formalidad e informalidad?, ¿Cuánto falta para que la informalidad derive en desorden e ilegalidad, instaurando aquel miedo donde pelechan tantas cosas ya sabidas en otras regiones?

Y es que el espacio público, como “aula urbana” por excelencia debe hablarnos en clave de memoria y de porvenir, de convivencia, respeto y dignidad; debe regular y contener los desmanes y la informalidad; debe ser un espacio donde se sientan respetados y seguros los niños, ancianos y en general la ciudadanía; un ejemplo de lo que debería ser la convivencia en cada hogar, escuela, cuadra o vereda. Pero tal parece que ocurre lo contrario, el hacinamiento, la violencia intrafamiliar, el abuso y el consumo de bebidas embriagantes o psicotrópicos replica o amplifica lo que ocurre en la vida social y viceversa. A su vez, tales fenómenos incrementan los intentos de suicidio, el embarazo precoz y la intolerancia en los jóvenes y por ahí derecho la deserción escolar de cientos de jóvenes arrojados a un mundo cada vez más incierto y turbulento.

Un intento muy interesante para abordar estos temas que aquejan la juventud es la Ley 1620 del 2013 y el decreto complementario 1960 del mismo año, donde se busca la articulación de toda la institucionalidad que tiene que ver con los derechos, el bienestar y la convivencia de los menores, de tal manera que al detectarse un caso de adversidad o riesgo psicosocial sea en el hogar, el colegio, el hospital, el bienestar o en el sistema judicial, cada entidad tiene claro qué hacer y a quien remitir mediante protocolos debidamente establecidos; así mismo el cómo coordinar su atención mediante una ruta de atención integral que debe reportar en el sistema unificado de información, permitiendo saber quiénes, en qué momento y con qué conductas se realiza el apoyo necesario. Así mismo, en este Sistema de Información Unificado deben aparecer todos los reportes, lo que permite la elaboración de perfiles epidemiológicos o tendencias de cada fenómeno a nivel municipal y facilita la formulación integral y coordinada de las políticas sociales de promoción, prevención y atención colectiva e institucional más pertinentes y acertadas.

Hasta hace poco esa iniciativa jurídica apenas era un afiche desteñido y una tarea incómoda para la mayoría de las instituciones, servidores públicos, las familias y para la sociedad que terminan desbordadas por el incremento de la violencia intrafamiliar, abuso, embarazo precoz, consumo de psicoactivos, intentos de suicidio en intolerancia de diversos matices. Si bien es cierto ello merecería un estudio más profundo, importa conocer qué se ha hecho, reconocer que esta administración quiere y viene haciendo, y más aún, precisar qué queda por hacer para que las rutas de atención y el sistema unificado de información operen como efectivamente lo recomienda la ley.

Desde afuera se percibe que las asociaciones de padres y la ciudadanía deben ganar mayor capacidad de incidencia en este sistema de convivencia, tal como lo recomienda la política de familias y sociedades educadoras, y que además, debe establecerse un sistema de monitoreo e indicadores precisos sobre la actuación de colegios, la Alcaldía, el ICBF, la Comisaría de Familia, Fiscalía, juzgados, Policía de Infancia y Adolescencia, Medicina Legal, Hospital, Granja Taller de Lérida y demás entidades y organizaciones implicadas y comprometidas en dicha tarea, para saber que, cuantos, cómo y cuándo atienden, coordinan, refieren, reportan y participan en el diseño de políticas sociales de promoción, prevención y atención integral a la infancia y la adolescencia de nuestro municipio.

La promoción busca reducir los casos a atender, mediante la adopción de hábitos saludables para la sociedad, el espíritu y el cuerpo. Estructuralmente, una estrategia valiosa puede ser el instaurar la contra-jornada escolar en todo el municipio, de tal forma que en el medio día restante se deba practicar un arte, un oficio, un idioma y/o un deporte en centros de referencia debidamente adecuados para acoger estudiantes de cualquier institución educativa, diluyendo de paso esas divisiones ficticias que alteran la convivencia.

3. Pretexto para una conversación ciudadana acerca de nuestras Dinámicas Ambientales. (Y el papel de Cortolima)

Río Lagunilla a la altura de la vereda La Cabaña en Murillo Tolima. Foto Wikipedia

Hace poco emergieron dos situaciones que llaman la atención: la ley que regula y sanciona la generación de ruido antisocial y una reunión para actualizar los contratos de concesión por los que cobra Cortolima.

Muchas personas perciben la sanción de una Ley como la solución a un problema. No obstante, una buena proporción de la ciudadanía percibe que a la institucionalidad le cuesta trabajo velar por el cumplimiento de las leyes y una tendencia a aplicarla de forma discrecional, rentista o simplemente ignorarla tal como ha ocurrido con la regulación de las construcciones, el tráfico urbano, la proliferación de excrementos, el tendido excesivo de cables a cualquier altura, el establecimiento de antenas para telefonía en el casco urbano, la invasión de espacios públicos, el exceso de ruido antisocial y otras tantas situaciones que afectan la convivencia social, el bienestar colectivo y el medio ambiente.

Desde una perspectiva tradicional, se piensa que son responsabilidad exclusiva de la administración municipal; pese a este lastre mesiánico, los enfoques contemporáneos de gobernanza invitan a reconocer responsabilidades compartidas, claro está, de forma diferencial según sea la capacidad de direccionar recursos, legislar, o incidir y velar por un comportamiento adecuado en el mundo social. De allí la importancia de fomentar permanentemente una cultura ciudadana alrededor de los temas mencionados y otros tantos que aquejan a la ciudadanía pues, de hecho, es imposible y por demás absurdo contar con un policía para cada persona o colocar un reductor de velocidad cada 15 metros, pero sí podemos favorecer y promover en cada persona la importancia de actuar como un ciudadano responsable.

Con relación a las actividades de Cortolima en lo que respecta al cobro de las concesiones de agua para los acueductos, conviene también preguntarnos qué tan responsables somos con el pago irrisorio de la tarifa del agua en los acueductos veredales, con las jornadas de mantenimiento de bocatomas y conductos, con la asistencia a reuniones, etc.

Pero también preguntarnos qué labores ha realizado Cortolima en las áreas de nacimientos, humedales y cuencas que pertenecen a las juntas y surten dichos acueductos. Por ejemplo: ¿cuántas de estas áreas están registrados en el Sistema Regional de Áreas Protegidas como áreas forestal protectoras?, ¿cuántas están debidamente alinderadas, cuentan con plan de manejo, son debidamente protegidas y han sido objeto de acciones de restauración?

Convendría saber en lo que concierne a concesión de aguas, ¿cuánto cobran AsoLagunilla y AsoRecio a los arroceros por los caudales que vende, cuanto de ello va para Cortolima y qué porcentaje de dichos recursos han sido reinvertidos en la naturaleza y las comunidades de las zonas de recarga hídrica que conciernen al municipio del Líbano? Y por ahí derecho, convendría hacer un balance de lo captado por Cortolima durante los últimos 10 años en el municipio porconcepto de impuesto obligatorio con el predial, transferencias, multas incluida aquella por vertimientos a EMSER, decomisos, licenciamientos, etc. y qué porcentaje de dichos recursos ha retornado materialmente al Líbano para la restauración, conservación, reconversión o el pago de servicios ambientales. En suma, conversar acerca de la tasa de retorno ambiental que materialmente se ha invertido con los recursos que del Líbano fueron a parar a Cortolima.

En clave de gobernanza ambiental sería supremamente valioso reflexionar el comportamiento institucional, comunitario y ciudadano a partir de una ética de los hechos y consecuencias pues, parafraseando el lenguaje popular, de buenas intenciones, leyes, planes y declaraciones está pavimentado el camino al infierno. Un caso muy ilustrativo de esas contradicciones que se presentan entre una ética de las buenas intenciones y una ética de los hechos y consecuencias ha sido el comportamiento alrededor de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas PCH en la cuenca de los ríos Recio y Lagunilla; desde el año 2018 en fase de factibilidad, proliferaron las declaraciones de buena intención social y ambiental a favor y en contra de la tal iniciativa. Hoy se evidencia que: a quienes les incomodó la construcción de las PCH no les incomoda la actividad minera. Hoy el hecho evidente es que:

El país debe importar gas para generar electricidad y que el gas domiciliario se ha incrementado por ese déficit de generación.Los paneles solares al igual que los molinos demandan inmensas cantidades de energía fósil para obtener el material que requieren, para transportarlos y ponerlos en funcionamiento. Adicional, estos parques solares y eólicos generan un gran impacto ambiental.

-Se requieren millones de baterías de gran tamaño y muchos contaminantes, que junto con los paneles

́desechados generarán una catástrofe ambiental, cuando aún no sabemos qué hacer con las pilas y plásticos.

En resumen, es evidente que, con los estándares ambientales básicos, las PCH son el sistema de generación de energía de menor impacto comparativo.

En términos de las consecuencias de nuestros actos, es un hecho consecuente que, pese a las declaraciones de buena intención y muchas promesas por parte de algunos ambientalistas, en los últimos 6 años la actividad ambiental de protección, restauración y conservación de nacimientos y cuencas de los ríos mencionados, al igual que de sus afluentes ha sido nula, no hay programas de saneamiento estructurados, la reconversión ambiental de las actividades productivas en esas cuencas escasa y que el mal estado de las vías hacia El Bosque, San Jorge, El Tesoro, Santa Teresa y La Gregorita han afectado en forma grave la movilidad, la actividad social y las dinámicas productivas en esas zonas, debiendo ser atendidas con recursos escasos de los municipios y otras fuentes de financiación.

Es en el marco de estos hechos que debe ser evaluado el impacto de nuestras conductas y muy especialmente de las asumidas por la autoridad ambiental, que vienen obstaculizando la realización de tales obras. Para estimar su afectación basta con calcular conforme la ley, cuantas decenas de miles de millones de pesos se han dejado de percibir e invertir en dichas cuencas y su población por compensaciones y transferencias durante la construcción de estas obras y posteriormente por generación de energía. De no existir argumentos sólidos y una gestión diligente de la autoridad ambiental con relación a las PCH, cabrían acciones legales para indemnizar los perjuicios causados pues, como se ha visto en múltiples casos, de comprobarse un mal ejercicio de la autoridad, éste debe ser sancionado severamente por el sistema judicial y la sociedad en general.

Le puede interesar:

Publicado en edición de Sxxi.net-103

Patrocina: