En Ibagué, capital del Tolima, continua el recorrido del Presidente Petro para ganar la confianza del pueblo en una Constituyente Nacional.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revivido el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo para reformar la Constitución Política de 1991, en la cual fue protagonista el M-19. Esta propuesta no es nueva, pero ha cobrado fuerza en 2024 y 2025 ante los obstáculos que han enfrentado las reformas sociales y económicas en el Congreso. Inicialmente planteada como una opción si las instituciones «no están a la altura» de los cambios necesarios, la idea ha evolucionado hacia una convocatoria popular, inspirada en la histórica «Séptima Papeleta» de 1990, que impulsó la Constitución actual. Sin embargo, expertos y juristas advierten que su implementación enfrenta barreras legales y temporales significativas, ya que requiere aprobación congresional y revisión judicial, no solo una iniciativa simbólica.
¿Por qué? Argumentos a favor y en contra
Petro argumenta que la Constitución de 1991, aunque progresista en su momento, ya no resuelve los problemas del siglo XXI, como la desigualdad extrema, la crisis ambiental y la exclusión social. Según el mandatario, el Congreso ha bloqueado reformas clave (laboral, salud, pensiones y agraria), evidenciando un «despertar popular» que demanda una renovación institucional para que el poder obedezca directamente al pueblo. En discursos recientes, como el del 20 de junio de 2025, Petro ha enfatizado que esta asamblea permitiría «expresar el saber popular en las urnas», corrigiendo desequilibrios que perpetúan el poder de élites y facilitando cambios profundos, como una mayor participación ciudadana y protección de derechos indígenas y campesinos.
¿Para qué? Propósitos principales
Por el contrario, críticos —incluyendo juristas, opositores y analistas argumentan que socava los mecanismos existentes de reforma constitucional (artículo 376 de la Carta Magna), que exigen mayoría absoluta en el Congreso y control de la Corte Constitucional. Expertos como el abogado Galindez señalan que no hay justificación real, ya que las ideas de Petro ya se han intentado vía legislativa, y una constituyente podría desestabilizar la democracia sin resolver problemas estructurales. Además, una tutela admitida por el Consejo de Estado en julio de 2025 cuestiona su legalidad, alegando violación al debido proceso y al principio de legalidad. En esencia, para Petro es una herramienta de empoderamiento popular; para sus detractores, un riesgo de polarización que contamina el debate preelectoral de 2026.La asamblea buscaría redactar una nueva Constitución o reformas sustanciales enfocadas en:
- Reformas sociales y laborales: Fortalecer derechos de trabajadores, educación gratuita y acceso universal a la salud, superando los bloqueos congresionales.
- Reforma agraria y ambiental: Redistribuir tierras para campesinos e indígenas, y priorizar la transición ecológica contra el cambio climático.
- Participación ciudadana: Rediseñar instituciones para mayor inclusión, como asambleas territoriales que eleven «necesidades fundamentales» al nivel nacional.
- Equilibrios de poder: Ajustar periodos presidenciales, reglas de propiedad y controles judiciales, aunque Petro no ha detallado un temario exhaustivo.
Según el Pacto Histórico, el objetivo es transformar el Estado para que «obedezca al pueblo», alineándose con su agenda de «cambio» y el movimiento de la Séptima Papeleta como precedente histórico.
¿Cuándo? Cronograma propuesto
El presidente Petro ha confirmado que la asamblea no se realizaría durante el periodo que termina en agosto de 2026, sino «después de que pase mi gobierno», para evitar acusaciones de concentración de poder. El plan inicial incluye:
- Junio de 2025: Anuncio formal tras la aprobación de la reforma laboral, derogando un decreto de consulta popular.
- Marzo de 2026: Elecciones legislativas con una «papeleta adicional» (séptima o octava) para consultar si los ciudadanos apoyan convocar la asamblea. Esta no sería vinculante sin ley previa, pero serviría como presión simbólica.
- Marzo de 2026 o posterior: Si se aprueba la ley en el Congreso (requiriendo cuatro debates), la asamblea podría instalarse en 2026, junto a las elecciones, con un periodo de deliberación no especificado (posiblemente 6-12 meses).
No obstante, expertos como el ministro de Justicia Eduardo Montealegre coinciden en que «los tiempos no dan»: la necesidad de 8 millones de firmas (20% del censo electoral) y aprobación legislativa hace inviable su ejecución antes de 2027. Una reciente tutela podría frenarla judicialmente.
En conclusión, la propuesta del presidente Petro representa un llamado audaz a la renovación constitucional, pero su viabilidad depende de un apoyo popular y legal. Es un tema que polariza, recordando que, como dijo Ferdinand Lassalle en 1862, los problemas constitucionales son ante todo de poder.
Y el poder lo tiene el ciudadano. Usted que opina?
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