Por Radio EcoWave – Onda Ecológica – Darío Salazar

Especial para el análisis de Políticas Públicas y Sociedad – Enfoque de EcoSociedad
Introducción: La deuda histórica con la vejez colombiana
En una sociedad donde la protección social ha sido históricamente un privilegio y no un derecho efectivo, el envejecimiento se ha transformado en una de las etapas más vulnerables de la vida humana. Durante décadas, millones de colombianos han llegado a la tercera edad enfrentando la desprotección económica, la informalidad laboral acumulada y la indiferencia institucional. La discusión contemporánea en torno a la reforma pensional (cristalizada en la Ley 2381 de 2024) no representa únicamente un debate técnico sobre finanzas públicas o modelos macroeconómicos; constituye, fundamentalmente, una batalla por el modelo de sociedad que el país aspira a construir y por la dignificación de la vejez.
Desde las voces comunitarias hasta los altos estrados judiciales, la incertidumbre que rodea la implementación del nuevo sistema pensional evidencia las profundas fracturas de una nación que aún intenta saldar sus deudas históricas con los sectores más postergados de la población.
1. Un país sin retiro digno: La realidad tras la cifra
El diagnóstico de la vejez en Colombia es crudo. Cerca de tres millones de adultos mayores se encuentran sumidos en condiciones de pobreza extrema, desprovistos de una pensión o de cualquier tipo de ingreso seguro que les garantice una subsistencia digna. Esta situación es la consecuencia directa de un mercado laboral caracterizado por niveles estructurales de informalidad que superan el 50%, sumados a un esquema pensional fragmentado en el que dos regímenes —el de prima media administrado por Colpensiones y el de ahorro individual con solidaridad operado por los fondos privados— compitieron de manera excluyente en lugar de complementarse.
Bajo el modelo tradicional, la gran mayoría de la población trabajadora quedaba por fuera de la posibilidad real de pensionarse. Quienes no lograban cotizar las 1.300 semanas requeridas o no alcanzaban a acumular un capital suficiente se veían abocados a la devolución de saldos o a indemnizaciones sustitutivas que dilapidaban el ahorro de años en pagos únicos e insostenibles a largo plazo. La vejez, en lugar de ser el merecido reposo tras décadas de esfuerzo productivo o reproductivo, se convertía en un pasaporte directo hacia la indigencia o la dependencia económica de redes familiares golpeadas a su vez por la precariedad.
2. El sistema de cuatro pilares: ¿Una respuesta a la desigualdad de origen?
El corazón conceptual de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Nacional radica en la reconfiguración del sistema hacia un modelo de pilares integrados y complementarios. De acuerdo con Soraya Pino, Directora de Pensiones del Ministerio del Trabajo, este esquema busca superar la lógica de competencia destructiva para articular la protección social en cuatro niveles diferenciados:
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El Pilar Solidario: Concebido para saldar de manera inmediata la deuda con los adultos mayores en condición de extrema vulnerabilidad. Garantiza una renta básica vitalicia de 230.000 pesos mensuales a cerca de tres millones de personas (hombres mayores de 65 años, mujeres mayores de 60, y personas con discapacidad a partir de los 50 o 55 años) que nunca pudieron cotizar o que quedaron al margen del sistema.
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El Pilar Semicontributivo: Dirigido a la población que cotizó entre 300 y 999 semanas pero que no logró completar los requisitos formales para obtener una pensión de vejez. En lugar de recibir un pago único, estas personas obtendrán una renta vitalicia ajustada a sus aportes y complementada con subsidios estatales, evitando que queden desamparadas en el purgatorio laboral.
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El Pilar Contributivo: Reorganiza el flujo de cotizaciones de los trabajadores formales e independientes con capacidad de pago. Establece un umbral de hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) que cotizan de manera obligatoria al componente de prima media administrado por Colpensiones, mientras que los ingresos que excedan dicho umbral y hasta los 25 SMLMV se dirigen a las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACAI).
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El Pilar de Ahorro Voluntario: Permite a los ciudadanos con capacidad económica excedente incrementar el valor de su mesada futura a través de mecanismos financieros de ahorro optativo.
Desde la perspectiva del análisis social, este cambio paradigmático intenta corregir la profunda inequidad distributiva que caracterizaba al régimen anterior, garantizando un piso de protección universal sin destruir el componente de ahorro contributivo.
3. La mujer en el centro de la justicia pensional
Uno de los avances sociales más significativos y urgentes del nuevo esquema es el enfoque de género introducido en las condiciones de jubilación. Históricamente, las mujeres colombianas han enfrentado una doble penalización: por un lado, una marcada brecha salarial y mayores tasas de desempleo e informalidad; por el otro, la carga no remunerada de los trabajos de cuidado y del hogar, tareas invisibilizadas que sustentan la economía nacional pero que no computaban semanas de cotización.
A través de lo dispuesto en la ley y en concordancia con los mandatos de la Corte Constitucional (Sentencia C-197 de 2023), se establece una reducción progresiva en el número de semanas exigidas a las mujeres para obtener la pensión de vejez. A partir del año 2026, la exigencia bajará de 1.300 a 1.250 semanas, continuando un descenso paulatino hasta fijarse en 1.000 semanas.
Tal como lo destaca el Viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, esta medida incrementa en al menos un 12% la probabilidad real de que las mujeres colombianas accedan a una pensión de vejez. No se trata de una concesión grácil, sino del reconocimiento explícito de que el tiempo dedicado a la crianza, al cuidado de los enfermos y al mantenimiento del hogar posee un valor social y económico intrínseco que debe ser compensado por el Estado.
4. Entre el estrado y la calle: La disputa política y jurídica que congela derechos
Pese al beneficio social intrínseco expresado en la norma, la efectividad de la reforma pensional se encuentra sumida en un complejo entramado de disputas jurídicas, políticas e institucionales. La aprobación inicial en el Congreso de la República estuvo marcada por serios vicios de trámite que obligaron a la Corte Constitucional a intervenir, devolviendo el texto para que la Cámara de Representantes subsanara los errores formales cometidos durante su debate.
Aunque las mayorías parlamentarias subsanaron las actas en sesiones extraordinarias, la ley continúa suspendida bajo el riguroso examen de constitucionalidad del Alto Tribunal. A esta parálisis se suma la reciente decisión del Consejo de Estado que suspendió de manera preventiva la orden gubernamental para el traslado masivo de cerca de 25 billones de pesos y más de 120.000 afiliados desde los fondos privados hacia Colpensiones.
Esta parálisis institucional genera una tensión palpable en la ciudadanía. Por un lado, voceros del Gobierno Nacional —encabezados por el propio Presidente Gustavo Petro y el Ministro del Interior, Armando Benedetti— denuncian que la dilatación de los fallos judiciales beneficia primordialmente a los grandes conglomerados financieros administradores de los fondos privados, mientras miles de ancianos vulnerables fallecen en la miseria esperando la materialización de sus derechos. Por el otro lado, sectores jurídicos y de la oposición argumentan la primacía del debido proceso, la necesidad de preservar la sostenibilidad fiscal del sistema y la prudencia en el manejo de las reservas del ahorro de los trabajadores.
En la voz de la gente del común, el sentimiento dominante es la frustración frente a un lenguaje abrumadoramente técnico y leguleyo que parece postergar indefinidamente las soluciones reales a los problemas cotidianos. La incertidumbre afecta tanto al trabajador joven que no sabe en qué régimen terminará cotizando, como al adulto mayor que cuenta los días esperando la renta vitalicia prometida.
Conclusión: El costo humano del tiempo institucional
El debate alrededor de la reforma pensional colombiana sintetiza la permanente tensión entre la rigurosidad procesal y la urgencia de la justicia social. Mientras los expedientes transitan lentamente por los despachos de las altas cortes y las comisiones parlamentarias, la realidad biológica de la vejez no se detiene. Cada mes de retraso en la definición del marco pensional se traduce en miles de vidas de ancianos y ancianas que transcurren sin un plato de comida garantizado o sin el cuidado médico mínimo que merecen.
La reforma de la vejez en Colombia no puede seguir encorsetada de forma indefinida en la confrontación partidista ni en los intereses del capital financiero. Trascender la retórica y lograr un consenso que blinde constitucional y económicamente un sistema justo, universal y equitativo es el verdadero desafío ético de la Colombia contemporánea. Un país que descuida a sus viejos es una sociedad que abdica de su propio futuro.

Propuestas desde EcoSociedad
Desde el enfoque ético, humanista y comunitario de EcoSociedad, la crisis pensional no debe entenderse únicamente como un dilema presupuestal o legislativo, sino como una llamada urgente a transformar el tejido social, la solidaridad intergeneracional y el cuidado de la vida en nuestros entornos cotidianos.
A partir de las reflexiones del artículo sobre la dignidad en la vejez y la justicia distributiva, presento 5 propuestas de acción social aplicables para cualquier ciudadano, comunidad u organización:
1. Creación de Redes de Cuidado Intergeneracional y Apoyo Mutuo Barrio a Barrio
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Fundamento del artículo: La vejez en Colombia sufre una profunda soledad y precariedad debido a la falta de garantías económicas e institucionales.
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Propuesta EcoSociedad: Fomentar en los barrios, conjuntos y comunidades redes locales donde jóvenes y adultos participen en el acompañamiento, escucha activa y apoyo logístico (compras, trámites digitales, salud) para los adultos mayores del entorno. El cuidado no debe ser solo estatal o mercantilizado; el cuidado comunitario es la base de una EcoSociedad solidaria.
2. Reconocimiento y Valoración del Trabajo Cuidado Comunitario y del Hogar
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Fundamento del artículo: La reforma visibiliza el trabajo de hogar y crianza no remunerado, históricamente asumido por las mujeres.
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Propuesta EcoSociedad: Promover dinámicas familiares y pedagógicas comunitarias que redistribuyan equitativamente las cargas del hogar y cuiden a las cuidadoras. Esto incluye la creación de «Bancos de Tiempo» locales, donde se intercambien saberes, horas de cuidado y servicios comunitarios para dignificar el esfuerzo de quienes sostienen la vida sin un salario ni cotización formal.
3. Asambleas y Círculos de Soberanía Económica y Solidaridad Ciudadana
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Fundamento del artículo: Tres millones de ancianos viven en pobreza extrema sin ingresos asegurados.
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Propuesta EcoSociedad: Implementar iniciativas de economía popular e incluyente (mercados orgánicos locales, huertas comunitarias, fondos de auxilio mutuo o cooperativas de consumo) que vinculen activamente a los adultos mayores de la comunidad. Aprovechar su sabiduría ancestral, pedagógica y práctica a cambio de garantizarles seguridad alimentaria y bienestar colectivo.
4. Pedagogía Social: De la Frustración Técnica a la Apropiación Ciudadana del Derecho
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Fundamento del artículo: Existe una distancia desconectada entre el lenguaje leguleyo/técnico de las cortes y las necesidades urgentes del ciudadano del común.
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Propuesta EcoSociedad: Desarrollar talleres de formación popular y comunicación comunitaria que traduzcan las leyes, políticas públicas y reformas a un lenguaje claro y accesible. Cuando la ciudadanía comprende sus derechos, deja de ser un espectador pasivo de las disputas políticas para convertirse en un actor consciente y transformador de su propio territorio.
5. Cultura del Envejecimiento Digno, Activo y Ecológico
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Fundamento del artículo: Un país que descuida a sus ancianos es una sociedad que abdica de su futuro.
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Propuesta EcoSociedad: Rediseñar nuestros entornos urbanos y rurales bajo una perspectiva de inclusión y accesibilidad humana. Promover la integración de las personas mayores en proyectos ambientales (como la gestión de residuos compostables, pacas digestoras o jardinería urbana), dignificando su rol como guardianes de la memoria, el equilibrio ambiental y el bienestar integral de la comunidad.


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