Por: Sxxi.net-EcoSociedad
Un debate que lleva años hirviendo a fuego lento
El sistema de salud colombiano acumula tensiones desde hace más de una década, pero en los últimos cuatro años esas tensiones han llegado a un punto de ebullición que ningún actor puede ignorar. En el centro del conflicto está un concepto técnico que, sin embargo, tiene consecuencias muy humanas: la Unidad de Pago por Capitación, conocida como UPC, que es el valor anual que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada persona afiliada al sistema. El asunto ha sido objeto de encendida discusión, pues las EPS alegan que el valor de la UPC debe aumentarse para garantizar el funcionamiento del sistema de salud, mientras el gobierno ha argumentado que el sistema atraviesa una crisis estructural que no se resolverá aumentando ese valor.
El lunes 20 de abril de 2026, en una rueda de prensa transmitida en vivo por el canal oficial del Ministerio de Salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tomó la vocería del gobierno Petro para defender con cifras, señalamientos y una argumentación de alto voltaje político la postura oficial: la plata no es el problema. El problema, según él, son quienes la administran.
La tesis central: el dinero está, la eficiencia no
La intervención del ministro Jaramillo comenzó con una aclaración conceptual que consideró fundamental para reencuadrar el debate. Señaló que la UPC no debe ser considerada como un presupuesto ilimitado, sino una prima de aseguramiento: «Las EPS son aseguradoras y la UPC es una prima. No es un presupuesto. No es que después digan ‘no me alcanzó la plata, denme más'».
Esta distinción —entre una prima de aseguramiento y un presupuesto de gasto— es, para el ministerio, la clave de todo el malentendido. Si la UPC es una prima, su suficiencia se evalúa en función de la probabilidad de ocurrencia de eventos médicos y los costos esperados, no en función de lo que las EPS decidan gastar. Como explicó el ministro: «La suficiencia es la prima apropiada para cubrir los costos esperados. Es una decisión basada en probabilidades, con los datos que las mismas EPS reportan».
Con ese marco conceptual establecido, el jefe de la cartera presentó las cifras que, en su lectura, demuestran que el gobierno ha sido más que generoso con el sistema. Desde 2022 hasta el incremento registrado para 2026, el gobierno generó 21 billones de pesos de aumento al valor de la prima UPC, lo que refleja un crecimiento real del 28%. En términos absolutos, la UPC reconocida creció de 62,4 billones de pesos en 2022 a 100,1 billones en 2026, un aumento del 60% y un incremento real del 30% descontando la inflación.
Ante esas cifras, la pregunta del ministro fue directa y sin rodeos: si hay más recursos que nunca, ¿por qué el sistema sigue fallando? Su respuesta fue contundente: «Si hay más recursos que nunca y el sistema sigue fallando, la pregunta no es cuánto falta, sino quién está fallando en su administración».
Las EPS en el banquillo: de aseguradoras ineficientes a entidades al borde de la liquidación
Uno de los momentos más impactantes de la rueda de prensa fue cuando el ministro reveló el estado legal y financiero real de las EPS que operan en Colombia. De las 28 EPS que operan en el país, solo dos cumplen con los requisitos legales para estar recibiendo recursos del Estado. Las 26 restantes no tienen capital ni reservas suficientes y están, técnicamente, en condiciones de ser liquidadas.
La afirmación fue devastadora: «Solamente 2 EPS llenan los requisitos para estar recibiendo dineros del Estado. Aquí seguimos dándole dineros a personas que incumplen la ley». Y sin embargo, continúan operando. ¿Por qué? La respuesta del ministro encapsulaba la trampa en la que se encuentra el sistema: si no tienen patrimonio, capital y reservas, entonces no tienen cómo pagar, y liquidarlas sería trasladar el caos directamente a millones de usuarios.
Esta revelación conecta con la pregunta que muchos colombianos se hacen desde hace años: ¿cómo es posible que entidades que no cumplen los requisitos legales mínimos sigan recibiendo decenas de billones de pesos en recursos públicos? Para el ministro Jaramillo, la respuesta tiene nombre propio: la reforma a la salud que el Congreso ha pospuesto. El ministro señaló que el gobierno está a la espera de la decisión que se tome en relación con la reforma a la salud para tomar una decisión definitiva frente al futuro de estas EPS, pues la reforma permitiría recapitalizar muchas de ellas.
Mientras esa reforma no llegue, el sistema queda atrapado en una contradicción: las EPS no pueden ser liquidadas porque no tienen con qué pagar, pero tampoco pueden seguir operando indefinidamente en condiciones de insolvencia técnica.
La pandemia como espejo: cuando las EPS ganaron y no devolvieron
El ministro Jaramillo utilizó el año 2020 como evidencia histórica para sustentar su argumento sobre la naturaleza del aseguramiento. Durante la pandemia de covid-19, la demanda de servicios médicos convencionales se desplomó porque la gente dejó de ir a urgencias por procedimientos electivos, consultas de control y cirugías programadas. En ese contexto, las aseguradoras obtuvieron márgenes financieros inusuales. El ministro preguntó: «¿Por qué las EPS no nos han devuelto plata cuando ellos han ganado? Como en 2020. Por esa razón es que cuando hablamos de la insuficiencia de la prima de EPS estamos hablando de lo que siempre se ha escrito y es la prima apropiada para cubrir los gastos y costos de esa póliza».
Y añadió con crudeza: «La siniestralidad en 2020 fue del 86%. Devuélvanos esos billones de pesos».
La lógica del ministro es la de cualquier mercado de aseguramiento: si en un año la siniestralidad es baja, la aseguradora gana. Si en otro es alta, pierde. Pero las EPS, en su criterio, solo aparecen cuando pierden para pedir más recursos, y desaparecen cuando ganan. Jaramillo fue directo: «Cuando han tenido ganancias, ¿por qué no devuelven? ¿Por qué solo aparecen cuando dicen que les falta plata?»
El papel de los gremios: Acemi, la Andi y las conexiones cuestionadas
La rueda de prensa tuvo momentos de clara confrontación política cuando el ministro apuntó sus críticas no solo contra las EPS como entidades individuales, sino contra el entramado gremial que las representa y defiende. En su intervención, trazó conexiones entre Acemi —que representa a las EPS del régimen contributivo—, la Andi, Asocajas, Afidro y el observatorio Así Vamos en Salud, cuestionando quiénes los financian y cuáles son sus intereses reales.
El momento más polémico llegó cuando el ministro citó un documento de la Superintendencia de Industria y Comercio de 2009. Jaramillo mencionó la resolución 10958 de ese año, que según él dice: «Acemi estaría recomendando a las EPS reportar información que refleje una menor suficiencia, de forma tal que contribuya a apoyar propuestas de incrementar la UPC». Su conclusión fue lapidaria: «Un Gobierno serio acaba con Acemi».
La acusación es grave: si es cierta, implicaría que el gremio habría incentivado a sus afiliadas a distorsionar los datos que reportan al ministerio para presionar aumentos en la prima. No es una acusación menor. Es señalar que la crisis financiera del sistema podría estar parcialmente construida sobre información manipulada.
En el plano político más amplio, el ministro también apuntó contra el sector empresarial colombiano con una crítica histórica. Responsabilizó a decisiones pasadas por el desfinanciamiento del sistema: «¿Quién fue el que desfinanció el sistema, este Gobierno o cuando quitaron los aportes patronales? Los empresarios han dejado de pagar 51 billones de pesos». Y fue más lejos al señalar: «El señor Bruce Mac Master que se cree dueño del país. El poder económico cree que puede seguir gobernando».
El diagnóstico: mala gestión del riesgo y ausencia de prevención
Más allá del debate financiero, el ministro Jaramillo planteó una crítica de fondo al modelo de funcionamiento de las EPS como aseguradoras: no están haciendo lo básico que se espera de ellas en términos de gestión del riesgo. Señaló que las EPS están trasladando al gobierno responsabilidades que les corresponden: «Acusan al Gobierno de algo que no hacen ellos, que es que no gestionan bien el riesgo».
Para ilustrarlo, el ministro fue específico: «Si hay una mala gestión del riesgo usted no hace una citología». Y denunció que el sistema presenta graves deficiencias en atención preventiva y seguimiento de enfermedades: «No se atienden los gestantes, no se hace tamizaje de cáncer. Todo en rojo. Las EPS en cáncer de próstata: todo hombre mayor de 47 años debe tener un antígeno prostático pero no lo tienen. Piden más plata pero no hacen nada».
Esta crítica es relevante porque pone el dedo en una llaga real del sistema: la medicina preventiva, que debería ser la primera línea de defensa de cualquier aseguradora comprometida con reducir costos a largo plazo, brilla por su ausencia. Para el ministro, la siniestralidad financiera que presentan las EPS es un indicador de desempeño y no una prueba de que la prima UPC sea insuficiente.
Los 15 billones perdidos y las irregularidades en los reportes
El ministro afirmó que existen inconsistencias por más de 15 billones de pesos que todavía no han sido aclaradas, y señaló que las EPS no pueden explicar dónde está el dinero ya girado.
Uno de los casos más llamativos fue el de la Nueva EPS. Según el ministerio, no existen estados financieros debidamente firmados de 2023, y se detectaron cambios llamativos en los gastos reportados que pasaron de 14 billones de pesos en 2022 a 24 billones en 2023, sin una explicación clara que respalde ese salto. Esa situación, explicó el ministerio, impidió conocer con certeza el nivel real de endeudamiento y fue una de las razones para la intervención de la entidad.
El ministro también presentó una cifra que contrasta con el discurso de crisis financiera general del sector: 150 clínicas tuvieron utilidades netas por valor de 5,22 billones de pesos. «Mientras dicen que no tienen plata, sus empresas están ganando utilidades importantísimas».
La reforma que no llega y el futuro de las EPS
En uno de los momentos más reveladores de su intervención, Jaramillo formuló una posición que resume la visión del gobierno Petro sobre el futuro del modelo de aseguramiento. «Tenemos que cambiar las EPS, para que no vuelvan a ser aseguradoras. Eso es lo que les hemos venido proponiendo con la reforma, que no sean aseguradoras, porque no son capaces del aseguramiento».
Esta declaración es central para entender el conflicto político de fondo: para el gobierno, la solución no pasa por darle más dinero a un modelo que considera fallido en su esencia, sino por transformar ese modelo. La reforma a la salud, que ha sido debatida y postergada en el Congreso durante todo el mandato, sería el instrumento para ese cambio.
También habló de la posible fusión de Famisanar con la Nueva EPS. El ministro informó que la EPS Famisanar, cuyos dueños son Cafam y Colsubsidio, les ha pedido el favor de solicitar una fusión con la Nueva EPS, propuesta que ya fue presentada ante el Ministerio de Hacienda. Para Jaramillo, la lógica de la fusión es coherente dado que Colsubsidio y Cafam ya son socios de la Nueva EPS.
En sus palabras finales sobre este tema, el ministro fue categórico: «El país no puede seguir aplazando decisiones estructurales. El Senado de la República tiene en sus manos la posibilidad de decir qué se va a hacer con el sistema».
El contexto: Otras voces
La postura del ministerio no existe en un vacío. Hay voces poderosas y técnicamente solventes que contradicen la narrativa oficial. Desde finales de 2025, una amplia coalición de organizaciones sociales, gremiales, académicas y de pacientes —agrupadas en los colectivos Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud— lanzó una alerta nacional calificando la corrección de la UPC 2026 como una «urgencia vital». El comunicado describió un escenario marcado por sufrimiento evitable, interrupciones de tratamientos, restricciones en medicamentos, muertes prevenibles y un aumento histórico de tutelas.
Solo en 2024 se registraron 1,6 millones de quejas y más de 265.000 tutelas, con un nivel de endeudamiento del sistema que supera los 32,9 billones de pesos.
La propia Corte Constitucional ha sido explícita en sus cuestionamientos. En el Auto 007 de enero de 2025, el alto tribunal señaló que el Ministerio de Salud no ha demostrado la suficiencia de la UPC, que las frecuencias de uso registradas no son confiables y que la metodología de cálculo requiere ser actualizada. La Corte incluso le abrió un incidente de desacato al ministro Jaramillo, concluyendo que no habría cumplido la orden de ajustar la UPC para 2026 bajo los criterios fijados por el tribunal.
Ese es el contexto en el que se encuentra la salud en Colombia en abril de de 2026: un gobierno que defiende su gestión con cifras de incremento presupuestal, y un sistema que, por todos los indicadores de uso real —tutelas, quejas, falta de medicamentos, deuda hospitalaria— sigue dando señales de colapso.
Conclusión: un diagnóstico incompleto en un sistema al límite
La intervención del ministro Jaramillo del 20 de abril de 2026 fue políticamente cargada, técnicamente densa y retóricamente acertada. En ella conviven hallazgos reales —las irregularidades en los reportes de las EPS, la ineficiencia en la gestión del riesgo, las utilidades de clínicas que contrastan con el discurso de crisis— con silencios importantes sobre el deterioro real en la atención a los usuarios, la deuda hospitalaria acumulada y las órdenes de la Corte Constitucional que el gobierno no ha cumplido a cabalidad.
El debate sobre la UPC no es simplemente una disputa contable. Es una disputa sobre quién es responsable del sufrimiento de millones de colombianos que hoy enfrentan barreras para acceder a medicamentos, tratamientos oncológicos, atención prenatal y cirugías que llevan meses de espera. Tanto las EPS como el gobierno tienen parte de esa responsabilidad, y señalarse mutuamente, aunque pueda ser políticamente conveniente, no resuelve la crisis.
Lo que está en juego no es solo la suficiencia de una prima de aseguramiento. Es la sostenibilidad de un sistema que cubre a más de 50 millones de colombianos. Y ese sistema, cualquiera que sea la narrativa que se imponga en las ruedas de prensa, necesita con urgencia algo que el ministro Jaramillo tiene razón en exigir, aunque insuficiente en impulsar desde su propia cartera: una reforma estructural de fondo que no siga aplazándose. ¿Y usted qué opina?
Suscríbase, comparta y done: Gracias!
Le puede interesar
Dejar una contestacion